Asimismo, Aído señaló que el Estado velará por el cumplimiento efectivo de este derechosen la Sanidad Pública a través de la Alta Inspección Sanitaria, ya que en la actualidad más del 90% de los abortos que se llevaron a cabo el pasado año se efectuaron en clínicas privadas.

Además, la ministra de Igualdad señaló que también se podrá interrumpir el embarazo hasta la semana 22, "si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada y si hubiera graves anomalías en el feto". A partir de aquí, sólo cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable, se podrá abortar.

Un comité clínico autorizará la intervención en los casos excepcionales cuando existan enfermedades extremadamente graves e incurables.

Aído añadió que "esta Ley ofrece más garantías jurídicas para las mujeres, más seguridad para los profesionales sanitarios y medidas para prevenir embarazos no deseados" y subrayóque "se trata de una norma más equilibrada, moderna, que nos acerca más a Europa" y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual en nuestro país. "Todas las personas tienen derecho a tener hijos y decidir cuándo tenerlos", sentenció.

La titular de Igualdad recalcó que la nueva ley persigue que se produzcan en España el menor número de embarazos no deseados y que por esto el informe del anteproyecto contempla una estrategia de salud sexual y reproductiva que "se revisará cada cinco años con las CCAA, organizaciones sociales y sociedades científicas".

También confirmó que las mayores de 16 podrán abortar sin consentimiento paterno.

Por último, remarcó que "ninguna mujer irá a la cárcel por abortar y que el Gobierno de Zapatero es el que más ayudas ha aprobado para favorecer a las mujeres.