"A partir de la semana 22 sólo se podría interrumpir el embarazo cuando los problemas sean de tal magnitud que sea segura la no supervivencia del feto y así conste en un dictamen emitido por un especialista diferente al que practique la intervención", afirmó Aído tras reunirse con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que se mostró "satisfecho y esperanzado" con el encuentro, como la propia ministra.

"El encuentro ha sido grato", por lo que "estamos satisfechos y esperanzados con el trabajo futuro", afirmó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez, quien indicó que el Gobierno se ha comprometido a tener en cuenta a su organización en la redacción del anteproyecto de ley del aborto.

Por su parte, Ana Peláez, comisionada de género y discapacidad del Cermi, aclaró que este comité no se posiciona ni a favor ni en contra del aborto, ya que interrumpir el embarazo es una decisión particular de cada mujer. Lo que sí defiende, continuó, es que la nueva ley no sea discriminatoria por razón de discapacidad.

Lo que el Cermi quiere, aseguraron Pérez y Peláez, es que la nueva norma "no suponga discriminación, ni implícita ni explícita, por razón de discapacidad".

En este sentido, Aído aseguró que la normativa que prepara el Gobierno suprimirá "la referencia discriminatoria que tiene la ley actual, recogida en el artículo 417 bis del Código Penal, donde se hace referencia "a las graves taras físicas o psíquicas", por ser "términos inaceptables".