La nueva legislación mejora también la transparencia en la adjudicación de las oficinas, fomenta la investigación en el ámbito de los medicamentos estratégicos y facilita el traslado de los farmacéuticos rurales y el acceso de los profesionales en paro.

El documento facilita el acceso de los ciudadanos a los servicios farmacéuticos en tanto se abrirán, en una primera fase, unas 250 nuevas farmacias en las ocho provincias, que alcanzarán las 500 en un plazo medio.

La ley establece que será la Consejería andaluza de Salud la que asuma la planificación mediante convocatorias públicas. De este modo, fijará los lugares en los que se podrán abrir nuevas oficinas, flexibilizando los criterios generales para tener en cuenta los incrementos de población censada, flotante o estacional. El objetivo es ajustar la oferta a la demanda real y a los crecimientos demográficos.

Para ello, se permitirá la instalación de nuevas oficinas en núcleos rurales, así como en zonas de expansión urbana con un mínimo de 1.000 habitantes y en aeropuertos y centros de tráfico de viajeros y mercancías, entre otros emplazamientos.

La norma también prevé la apertura de servicios farmacéuticos en todos los distritos de atención primaria y en los hospitales de más de cien camas. En el caso de los centros sociosanitarios públicos o privados, la instalación dependerá del número de plazas y del tipo de atención farmacológica que precisen las personas residentes.

Otro de los aspectos recogidos en el texto es el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos a recibir una atención farmacéutica con garantías de confidencialidad y con la suficiente información sobre su tratamiento y sus beneficios.

El texto, además, refuerza el papel de los farmacéuticos como agentes de salud y regula en esta línea sus funciones y obligaciones: información y asesoramiento al ciudadano, prevención de la enfermedad y cumplimiento farmacológico, colaboración con los facultativos en la comunicación de posibles reacciones adversas y actuaciones adecuadas para la custodia, conservación y eliminación de medicamentos, entre otras.

Con el fin de introducir parámetros de calidad, se ha establecido un sistema de acreditación para las oficinas de farmacia y los servicios farmacéuticos, orientado a la mejora del servicio y a la garantía de la prestación. Además, otorga rango legal a las políticas de uso racional del medicamento que se desarrollan en la comunidad autónoma, como la prescripción por principio activo.

En cuanto a los denominados medicamentos estratégicos, el texto incorpora como uno de sus objetivos la promoción de la investigación y de la producción en este campo a través de un plan específico.