Según la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha del pasado 22 de diciembre, difundida hoy por el Consejo de Cámaras, "estamos en presencia de un régimen positivo distinto del que motivó la declaración de incosntitucionalidad y consiguiente nulidad de quellos preceptos".

El tribunal manchego basa su decisión en la distinta naturaleza del recurso cameral, que tras la reforma de 1993 adquiere un carácter tributario, y en la independencia entre la obligación del pago, la condición de elector y el ejercicio de los derechos que tal condición comporta, junto a la imposibilidad de que las funciones asignadas a la cámaras puedan desarrollarse por otras asociaciones con intereses muchas veces contrapuestos.

El recurso contra la nueva ley había sido plateado por una empresa de Ciudad Real, a la que se impone el pago de las costas del proceso, al tiempo que declara no procedente plantear esta cuestión ante el Tribunal Constitucional.