Este texto legal enmienda la ley de 1995, ampliando la definición de discapacidad, lo que permitirá a estos pacientes acogerse a ella desde el momento en que se diagnostique su enfermedad, aunque no presenten síntomas.

Esto significa que las empresas no podrán discriminarlos o despedirlos por motivos vinculados con su dolencia. Las compañías también tendrán que adaptar sus puestos de trabajoy procesos de selección a las necesidades de estas personas.

Asimismo, la nueva ley amplia la protección contra la discriminación a personas con problemas de salud mental cuyas patologías no tengan una definición clínica reconocida, siempre que puedan demostrar que su dolencia tiene un impacto a largo plazo y sustancial en su capacidad para desarrollar sus actividades cotidianas.

Los proveedores de bienes y servicios también tendrán que adoptar las medidas precisas para adecuarse a las necesidades de las personas incluidas en la definición ampliada de discapacidad, establecida por la ley de 2005.