La modificación del texto legal vigente, que será aprobada mañana, miércoles, por el pleno del Senado, mantiene los dos principios básicos y constitucionales de la ley: el sistema concesional y el concepto del dominio público hidráulico, explicó Sanz a Servimedia.

De igual modo, se matiene el dominio público hidráulico de las aguas subterráneas y se incorpora, como novedad, el agua procedente de las desaladoras.

El senador popular justificó la reforma de la ley en que con la vigente desde 1985 "no hemos resuelto los graves problemas de sequía que afectan todavía en España a miles de hectáreas de regadío y a unos diez millones de españoles que deben padecer periódicas restricciones".

Sanz explicó que en materia de planificación hidrológica, con la reforma se actuará sobre la oerta incluyendo más recursos -los procedentes de la desalación, reutilización y la explotación de aguas subterráneas en combinación con las aguas superficiales- en beneficio de una mayor diversificación de la oferta hídrica.

A su juicio, "el modelo hidrológico consistente en regular agua para almacenarla ha tenido efectos perversos y ha conducido a su despilfarro".

Esto ocurre, en su opinión, porque el sistema "se basaba en un concepto de necesidades sobrevaloradas al no tener contrapartida econóica y, por otra parte, suponía un cierto despilfarro económico, ya que a una oferta ilimitada se generaba una demanda ilimitada que incrementaba los gastos sin control".

De igual modo, el senador popular subrayó que también "se quiere actuar de una manera más eficaz sobre la demanda. Hay que cambiar los hábitos de consumo de los españoles, ya que", señaló, "no es lógico que en un país con una pluviometría desfavorable haya un hábito de despilfarro de agua que no se lo permiten países donde llueve más"

En definitiva, Sanz rechazó las acusaciones del PSOE y afirmó que "en ningún apartado de la ley ni se habla, ni se regula ningún mercado del agua, es decir, no se privatiza el agua, como afirman (los socialistas)".

Por el contrario, agregó, "una vez que haya una oferta diversificada, potenciaremos la eficencia en el empleo del agua, flexibilizando el actual régimen concesional a través de la introducción de un nuevo contrato de cesión de derechos al uso del recurso, el establecimiento de un nuev incentivo fiscal al ahorro del agua y la introducción de políticas que propicien el menor consumo, por ejemplo, estableciendo la obligación general de medir los consumos mediante sistemas homologados de control y por medio de la fijación administrativa de consumos de referencia en general".