La puesta en marcha de los sistemas propuestos por el concejal de Deportes, José Gabriel Astudillo, entre los que figuran la gestión privada o un mecanismo de abonados, supondrían, según ambas centrales, la desaparición en poco tiempo de la mayor parte de los polideportivos municipales.

Según CCOO y UGT, est desaparición estaría justificada porque en la gran mayoría de los distritos no existe suficiente número de usuarios con poder adquisitivo capaz de soportar los costes reales de los servicios deportivos que en la actualidad son prestados por el IMD.

"Esto representaría", afirma un comunicado de las dos secciones sindicales, "uno de los mayores retrocesos sociales de todos los tiempos en nuestra ciudad y condenaría a cientos de miles de jóvenes a la 'litrona' y cosas peores, como única posibilidad de oupación del tiempo libre".

En la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebrada la semana pasada en La Coruña, los responsables de numerosos ayuntamientos de España coincidieron en que el deporte no es un servicios que las corporaciones municipales deban prestar de forma obligatoria.

Astudillo considera que no se puede exigir a la totalidad de los vecinos que financien con sus impuestos un servicio que él considera que únicamente utilizan unos pocos de forma voluntaia.

En 1993, los madrileños deberán pagar un 30 por ciento más que el año pasado por el uso de las instalaciones deportivas municipales. Sin embargo, el Ayuntamiento calcula que los ingresos por recaudación apenas alcanzarán los 3.000 millones, mientras que los gastos alcanzarán los 8.000 millones.

Por este motivo, recientemente ha sido constituida una comisión que estudiará nuevas fórmulas de gestión para reducir el peso que la gestión pública del IMD tiene sobre las arcas municipales.

Por u parte, CCOO y UGT no comparten los razonamientos esgrimidos en la reunión de la FEMP y destacan que que el IMD dio más de 15 millones de servicios en 1991 y que en el presente año la cifra será superada ampliamente.

Asimismo, entienden que los impuestos son el instrumento mediante el cual las administraciones deben redistribuir la riqueza, "haciendo posible una calidad de vida generalizada y no patrimonio de unos pocos privilegiados", indica la nota.