Esta directiva, según la organización ecologista, establece unos requisitos muy estrictos para que puedan concederse autorizaciones para la instalación de vertederos: terrenos adecuados, membranas geotextiles, control o aprovechamiento de los gases (metano), tratamiento de los lixiviados, análisis de éstos hasta después de 50 años de clausurado, sellado y resturación de los terrenos, etc.

La directiva obliga también a un tratamiento previo de los residuos a verter y prohibe el vertido de algunos tipos (líquidos, explosivos, infecciosos, neumáticos, etc.), lo que supondrá para los ayuntamientos un aumento de los costes de vertido en un 500 o 600 por ciento respecto a los precios actuales.

También se plantea que los estados miembros tienen que reducir el vertido de los residuos biodegradables en porcentajes que obligarán a que las autoridades tengan queplantear un tratamiento específico para esta materia orgánica.

A juicio de Ecologistas en Acción, la materia orgánica ha sido hasta ahora la gran olvidada en la gestión de los residuos municipales, ya que los esfuerzos que se han hecho últimamente en los planes de residuos han ido dirigidos a la gestión de los envases.

La organización indica finalmente que aunque la mayor parte de las competencias de gestión de residuos urbanos recaen en los ayuntamientos, ninguna administración puede eludir sus esponsabilidades y todas ellas deben contribuir a financiar las medidas que se derivan de la directiva.