Tras celebrar la última reunión de los consejeros del Gobierno regional, que no se volverán a encontrar hasta el 27 de agosto, el portavoz dijo que la postura de la CAM sobre el citado asunto es "claro y contundente: No apoyaremos una macrocárcel".

Aunque en un principio se barajaron varias localidades de la región para ubicar la prisión, las conversaciones con estos municipios no fructficaron, según Lissavetzky, que espera que el "acuerdo entre caballeros" con Justicia se cumpla y no se haga realidad una prisión de 2.000 internos.

Los primeros pasos para edificar la cárcel en Soto se darán en el Consejo de Ministros de mañana, con la aprobación de la licencia de construcción en terrenos de esa localidad, propiedad de Justicia.

El portavoz de la CAM indicó que el Gobierno de la nación tomará esta decisión, totalmente legal, por la negativa de los responsables municipales de otogar el permiso, ya que están en contra del proyecto penitenciario.

Asimismo, realizó un llamamiento a la solidaridad y se mostró contrario a la hipocresía social. "Igual que con la construcción de centros de toxicomanías, nadie quiere tener cerca una cárcel, que servirá para dignificar la vida de los presos de Carabanchel", puntualizó.

Por otro lado, Lissavetzky dijo que es optimista sobre la solución de la futura sede de la Asamblea de Madrid, que previsiblemente quedará instalada en el Palacio e Parcent, propiedad de Justicia, organismo que pide a cambio la utilización conjunta del edificio para actividades de representación.