Los representantes de las empresas eléctricas explicaron que este dato, denominado factor de carga, indica el aprovechamiento que se ha hecho de las instalaciones nucleares durante el tiempo que han estado funcionando a lo largo del año.

El porcentaje del parque atómico español durante el pasado año sólo fue superado por los de Finlandia (94,2 por ciento), Suiza (88,8), Hungría (88,5) y Bélgica (85,1), mientras que otras potenias nucleares como Alemania (70,2 por ciento), Japón (70,1), Francia (66,3), Estados Unidos (65,9), Canadá (61,3) y Reino Unido (50,7), quedaron por debajo.

Actualmente existen en todo el mundo un total de 443 instalaciones nucleares dedicadas a la generación de electricidad, de las que 366 están en países de economía capitalista y 77 pertenecen a los países del Este de Europa.

España contó en 1990 con un parque nuclear de producción de 9 centrales. Además, existen optras seis instalaciones paralzadas por razones de seguridad, en uno de los casos (vadellós I), y por la moratoria nuclear en el resto.

MORATORIA Y SEGURIDAD

En 1989, el Gobierno decretó el cierre definitivo de la central nuclear de Vandellós I después del accidente que sufrió y que provocó el disparo no programado de su reactor, situación por la que no hubo que lamentar riesgos de contaminación por radiactividad, según las fuentes consultadas.

Otras cinco centrales nucleares se encuentran paralizadas como consecuencia de l moratoria nuclear decretada por el Gobierno socialista en 1982. Las instalaciones afectadas por esta medida son los grupos de Lemoniz I y II (Vizcaya), Trillo II (Guadalajara) y Valdecaballeros I y II (Badajoz).

El grupo de Valdecaballeros es el que se encontraba a un nivel más avanzado de sus obras cuando se decidió la paralización, momento en el que Sevillana de Electricidad e Hidrola, propietarias al 50 por ciento, ya habían invertido más de 400.000 millones de pesetas en su realización.

Desd entonces, las empresas propietarias de Valdecaballeros y las del resto de centrales paralizadas mantienen estas cinco instalaciones con la ayuda económica que les otorga el Marco Legal Estable fijado por el Gobierno para regular el sector, y que les permite financiar la moratoria con una parte de las tarifas que abonan los consumidores.