González Amador pide que se solicite a Google nueva información sobre los correos electrónicos que intercambiaron el fiscal general y la fiscal jefe provincial Pilar Rodríguez sobre la nota en la que desmintieron informaciones sobre un posible acuerdo del empresario con el Ministerio Público.

Este empresario, que confesó haber defraudado a Hacienda, se querelló contra el fiscal general como máximo responsable de decidir la difusión de un comunicado de prensa en el que se desvelaba que había sido la defensa del empresario la que se dirigió al fiscal para proponerle un acuerdo y no al contrario.

El Supremo había solicitado un informe a las partes antes de decidir si se abren diligencias. La apertura de una investigación no supone la imputación automática del fiscal general, sino que implica el inicio de diligencias que pueden desembocar en una imputación o en el archivo. El Supremo espera aún el informe de la Fiscalía.

La pareja de Díaz Ayuso está siendo investigada por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. Además, el encausado intenta llegar a un acuerdo con el Ministerio Público que le evite una eventual entrada en prisión en caso de resultar condenado.

Los presuntos delitos se habrían cometido entre los años 2020 y 2021 y se llevaron a cabo aportando facturas que no se correspondían con servicios prestados realmente y con las que González Amador rebajó sustancialmente sus obligaciones al satisfacer el Impuesto de Sociedades. Lo defraudado supera los 350.000 euros.