La organización defensora de los derechos humanos ha publicado un informe sobre el país norteafricano en el que asegura que, esde hace un año, más de 9.000 supuestos activistas islámicos están recluidos en campos de internamiento del desierto, sin cargos ni juicio, y más de 1.000 siguen aún bajo detención administrativa.

Por primera vez desde 1989,as autoridades argelinas han vuelto a realizar ejecuciones e impusieron recientemente sentencias de muerte por delitos distintos del asesinato. El pasado 7 de febrero, el Alto Comité de Estado renovó el estado de emergencia indefinidamente.

Unas 300 personas han muerto a mano de las fuerzas de seguridad, muchas de ellas en enfrentamientos armados, aunque parece que un número significativo de ellas eran transeuntes inocentes a los que mataron deliberadamente cuando cruzaban las barreras policiales o violaban el toque de queda, o en otras circunstancias que no suponían ninguna amenaza de violencia.

Ninguna autoridad local o nacional ha hecho pública ninguna investigación respecto a esas muertes.

Por otro lado, más de 270 miembros de las fueras de seguridad y hasta 20 cviles perdieron la vida en acciones de los grupos armados de oposición (fundamentalistas islámicos), según AI.

Cuando los presos corren mayor riesgo de ser torturados es durante la detención "garde á vue", en virtud de la cual un detenido puede permanecer recluido en régimen de incomunicación para ser investigado, sin acceso a su familia ni a ningún abogado.

El pasado mes de octubre, una ley "antiterrorista" prolongó ese periodo de detención a 12 días, plazo ya demasiado largo según las normas inernacionales, y que ahora frecuentemente se amplía de forma ilegal a 25 días o más, segun AI.

"El hecho de que el Gobierno argelino no haya denunciado públicamente las torturas ni haya tomado medidas severas para ponerlas fin sugiere que las autoridades están tolerando o permitiendo que continúe la práctica", acusa Amnistía Internacional en su análisis.

La organización internacional pide al Gobierno argelino que erradique la tortura inspeccionando frecuentemente los centros de detención, medianteel acceso rápido a los detenidos de sus familiares y abogados, así como investigando todas las denuncias de torturas, malos tratos y otros abusos, se haya presentado o no denuncia formal.

A la vista de las graves violaciones de derechos humanos que se produjeron el año pasado, AI teme que la situación en Argelia empeore, a menos que el Gobierno se ocupe urgentemente de las preocupaciones de la organización.