"Algunos presos de conciencia llevan condenados a cadena perpetua desde 1989 tras juicios que no cumplieron las normas internacionales de imparcialidad", asegura la organización de derechos humanos en un comunicdo.

Otros han estado detenidos en virtud de procedimientos administrativos no supervisados por organismos judiciales independientes, señala AI.

"Continúan los juicios injustos, las torturas, las detenciones prolongadas sin cargos ni juicio y las ejecuciones sumarias", afirma la organización internacional, para añadir que tampoco ha habido intentos de introducir salvaguardias fundamentales para prevenir las violaciones de derechos humanos, tales como el uso de la tortura para extraer confesiones. Amnistía Internacional manifiesta que continúan los juicios contra disidentes acusados de participación en las protestas de 1989. Entre diciembre de 1991 y febrero de 1992, un total de 10 presos políticos fueron sentenciados a penas de prisión que oscilaban entre 2 y 5 años. En marzo de este año, el fiscal general Liu Fuzhi indicó que los juicios pendientes se iban a desarrollar "con rapidez y severidad".

ALTOS CARGOS DEL PCCH

Entre los arrestados que esperan juicio en Pekín, figuran Bao Tong, Go Shan y Wu Jiaxiang, altos cargos del Partido Comunista Chino vinculados al ex secretario general de este partido, Zhao Ziyang. Los tres están acusados, entre otras imputaciones, de "revelar secretos del Estado".

Tanto Tong como Jiaxiang pueden encontrarse en precarias condiciones de salud, aunque su situación real no se conoce porque no han sido autorizados a recibir visitas.

Otra práctica común en China son los juicios secretos. Qi Lin, periodista de 36 años fue sentenciado a cuatro años de prsión el pasado mes de febrero en un proceso llevado en secreto. Le acusaron de "revelar secretos del Estado" por dar información a un periódico de Taiwán sobre las sanciones impuestas a un destacado miembro de la Asamblea Nacional Popular de China.

Según fuentes oficiales, sólo en Pekín han sido condenados desde junio de 1989 más de 780 presos políticos. AI cree, sin embargo, que en toda la república son miles.

La organización de derechos humanos ha pedido a las autoridades chinas que permitan a os observadores internacionales presenciar los juicios de disidentes que aún no han sido juzgados.