Un informe de AI aegura que las autoridades de la República Popular China detienen de forma arbitraria, y a menudo torturan, en el Tíbet a los que disienten del Gobierno, al tiempo que continúan reprimiendo toda oposición en el resto del país.

"La dura represión en el Tíbet provoca graves violaciones de los derechos humanos y esta situación se viene registrando desde hace mucho tiempo", afirma la organización internacional.

Entre las víctimas hay monjes y monjas budistas, a quienes se ha encarcelado y sometido a trturas porque abogaron por la independencia tibetana. Algunos han estado detenidos sin cargos durante semanas, meses e incluso años; a otros, al final, los juzgaron y les impusieron duras condenas.

Así, el monje Yulo Dawa Tsering, preso de conciencia, cumple una condena de 10 años de prisión por "difundir propaganda contrarrevolucionaria". A Rinzen Choenyi, monja budista, le impusieron una pena de 7 años en 1989, cuando sólo tenía 19 años, porque había participado en una manifestación pacífica en Lhas, capital del Tíbet.

Personas que estuvieron detenidas han relatado prácticas tales como colgarlas del techo, aplicarles descargas eléctricas, amenazarlas con armas, atarlas de manos y pies con grilletes durante periodos prolongados y abusar sexualmente de ellas.

Amnistía Internacional demanda del Gobierno de China que ponga en libertad a todos los presos de conciencia y juzgue de forma imparcial y sin demoras a todos los presos políticos o los libere.

El informe insta al Gobierno, asimismo,a que adopte diversas medidas específicas para poner fin a las torturas y a los homicidios que llevan a cabo las fuerzas de seguridad.

"El Gobierno chino debe poner fin ya a estas terribles violaciones de los derechos humanos y dejar de ocultarse tras la manida excusa de que esos derechos son asunto interno", apremia AI.