AI asegura que durante 1992 continuó el acoso reiterado a los opositores, culminando en la ola de detenciones registrada a finales de diciembre. Decenas de ellos fueron detenidos, torturados, amenazados o recluidos en sus aldeas, según el informe.

La posible ejecución extrajudicial de tres personas entre octubre y noviembre de 1992 respalda, en opinión de Amnitía, las denuncias de que las fuerzas de seguridad tendrían en algunos casos órdenes de matar en vez de arrestar a los opositores.

Las fuerzas de seguridad han seguido actuando como si estuvieran por encima de la ley, continúa el informe de Amnistía Internacional, que añade que un examen atento de las enmiendas a la Constitución de noviembre de 1991, así como de las leyes de reforma política aprobadas en enero de 1992, "deja patente su falta de voluntad política para proteger los derechos humanos".

El informe también señala que las nuevas y limitadas libertades de asociación y expresión no han sido respaldadas por garantías que protejan de las detenciones arbitrarias, encarcelamientos o torturas a los que las intentan ejercer.

Pese a las anunciadas reformas, dice el documento, continúan las amenazas, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles y comisarías. Al menos dos personas han sido condenadas a muerte y ejecutadas sin poder ejercer el derecho de apelación y muchos exiliados reornados y presos liberados en la amnistía promulgada en enero de 1992 han sido obligados a restringir su libertad de movimiento y acción política.

Amnistía Internacional añade que la detención en régimen de incomunicación sigue siendo una práctica habitual en Guinea, sin que los detenidos puedan recurrir al "habeas corpus" o a los procedimientos de amparo previstos en la Constitución pero aún no desarrollados legalmente.

El informe de AI llama la atención sobre las "extremadamente duras" condicioes en las que viven tanto presos comunes como políticos, faltos de alimentación adecuada y atención médica.

Aunque en menor medida que otros años, se ha seguido denunciando la participación de miembros de la guardia marroquí (entre 600 y 800 soldados transferidos a Guinea tras un acuerdo bilateral) en sesiones de torturas.

Con este informe, la organización internacional se ha dirigido a las autoridades guineanas y recomienda que pongan en práctica reformas efectivas en materia de derechos humanosque garanticen el ejercicio de las libertades que el Gobierno dijo haber instaurado hace ya más de un año.