Según AI, cuando Rigoberta Menchú (índigena maya-quiché, de Guatemala) reciba en Oslo el premio Nobel de la Paz, lo estarán recogiendo miles que, como ella, han sido pisoteados, pero han vuelto a levantarse para defender sus derechos.

Esta organización lleva a cabo, desde el pasado 7 de octubre, una campaña sobre los derechos umanos de los pueblos indígenas del continente americano, en el que se reflejan que los abusos a los derechos humanos más básicos de estas poblaciones siguen produciéndose en numerosos países del continente.

Entre los casos de apelación en favor de víctimas de abusos, seleccionados con motivo de la campaña, figuran María Mejía, quiché de Guatemala como Rigoberta asesinada por dos militares el 17 de marzo de 1990, por pertenecer, al parecer, al Consejo de Comunidades Etnicas Runujel Junam, del que nuev de sus miembros han sido asesinados desde marzo de 1990 a mediados de 1992, y otros han desaparecido.

Otros casos son el Leonard Péltier, un Lakota-Sioux condenado en Estados Unidos a cadena perpétua acusado de asesinato, en un suceso que dio pie a considerar una posible falsificación de las pruebas; Julio Cabascango, activista de una organización indígena asesinado en Ecuador; Damiao Mendes, indígena macuxi (Brasil) asesinado por terratenientes; un grupo de indígenas paez (Colombia) masacrados, y otos casos de países como México y Perú.

Para AI, estos episodios son representativos de numerosos abusos que siguen perpetrándoese incluso cuando se han aprobado leyes que en teoría pretenden proteger a las poblaciones supervivientes del amplio genocidio perpetrado desde Alaska o Tierra del Fuego a los largo de estos cinco siglos.

Muchos de los abusos siguen ocurriendo en el contexto de conflictos por la posesión de la tierra, ya sea con autoridades estatales o con terratenientes, buscadores de or, etc. El hallazgo de yacimientos de petróleo o de minerales valiosos, en ocasiones detectado por los satélites, suele suponer el inicio del fin para algunos pueblos, según AI.

Por ello, los defensores de los derechos humanos han pedido a los gobiernos del mundo que adopten medidas urgentes para garantizar un mejor futuro para las poblaciones indígenas, y que permitan pasar de las leyes positivas aprobadas en las últimas décadas a hechos fehacientes.