"A menudo las víctimas tienen miedo de quejarse de haber sido torturadas, porque temen las represalias de la policía o piensan que, en cualquier caso, los torturadores no serán procesados", asegura AI en su informe. "Ha llegado el momento de que el Gobierno deje patente que no permitirá la tortura ni los malos tratos en las comisarías y en las cárceles"

Según AI, con frecuencia la policía no deja que los sospechosos vean a sus abogados hasta que han confesado, lo cual, según la organizaión, es un caldo de cultivo para la tortura.

El informe agrega que además, una vez que las víctimas han denunciado los hechos, algunos fiscales y magistrados se han negado a aceptar los casos, incluso cuando había indicios claros de torturas.

En las cárceles, es frecuente que los guardias golpeen a los presos como castigo o les encierren en celdas de aislamiento frías, donde no les llevan nada de comida.

En el informe, de 55 páginas, AI detalla unos 35 casos de tortura, en los que las víctims han recibido puñetazos, patadas y golpes con porras e incluso se les han aplicado descargas eléctricas. Algunas de estas personas disponen de informes médicos que corroboran sus denuncias de tortura.

Uno de los casos que se relatan en el informe es el de un refugiado turco de 26 años, que murió en el hospital como consecuencia de la paliza que le propinaron unos agentes de la policía de antinarcóticos de Atenas.

Se han dado casos de extranjeros que no hablaban griego a los que se obligó a firma mediante golpes confesiones que no entendían, mientras que a algunos menores de edad no les permitieron ponerse en contacto con sus padres y a continuación les maltrataron y obligaron a firmar confesiones.

Asimismo, AI afirma que algunas mujeres detenidas por la policía han sido acosadas sexualmente mientras estuvieron bajo custodia, como el caso de una embarazada a quien obligaron a desnudarse a la vista de los agentes, se burlaron de ella con gestos obscenos y la golpearon contra la pared.

Amnstía muestra su preocupación por esta situación, ya que asegura que no se han establecido salvaguardias básicas que eviten la tortura, como el que los detenidos puedan ver a sus abogados sin demora, ni tampoco se investigan las denuncias por tortura o malos tratos.

El informe indica que en los casos en los que se presentan denuncias formales, las conclusiones sólo se hacen públicas en las pocas ocasiones en las que las investigaciones acaban en juicio.

AI dice que sólo conoce dos casos en los últmos dos años en los que agentes encargados de hacer cumplir la ley son declarados culpables por haber ejercido la violencia contra los detenidos.