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El Poder Judicial está preparado para asumir la responsabilidad de ofrecer una justicia independiente y eficaz a los ciudadanos, como exige la Constitución, según declaró hoy el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sal.
Sala pronunció hoy una conferencia en el Club Siglo XXI bajo el título "la Administración de Justicia hoy", en la que realizó un profundo análisis de la situación actual de la Justicia en España.
"La Constitución impone al juez la responsabilidad de adoptar sus resoluciones con sujeción estricta al ordenamiento jurídico", manifestó. "El Poder Judicial está preparado para asumir esa responsabilidad, dando respuesta a la exigencia de protección efectiva a los ciudadanos".
El presidente del mximo órgano judicial advirtió no obstante que la adecuada marcha de la Justicia no depende sólo de quienes son directamente responsables de ella, sino también de los poderes públicos y la sociedad en general, a fin de que no se distorsione el papel del Poder Judicial.
En su intervención, Sala resaltó la importancia de las reformas efectuadas en el ordenamiento jurídico español (Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y Planta) para afrontar el nuevo diseño de Justicia recogido en la Consttución.
Como puntos más destacados de los efectos producidos por estas reformas, indicó que sólo en los cuatro años de desarrollo de la Ley de Demarcación y Planta, la plantilla de la carrera judicial va a pasar de los 2.000 miembros existentes en 1988 a los cerca de 4.000 que se prevén para finales de 1992 (en la actualidad hay cerca de 3.200 jueces y magistrados en activo).
Asimismo, subrayó como aspecto sobresaliente de la entrada en vigor de la citada ley la numerosa creación de órganos judicales. Según los datos ofrecidos por Sala, sólo entre 1989 y 1990 se crearon 361 nuevos juzgados en todo el territorio nacional.
"Ante esta situación, la carrera judicial está respondiendo con un gran esfuerzo, consciente de la importante función que ha de cumplir en el Estado de Derecho", añadió, al tiempo que explicaba que desde 1986 a 1989, la cifra total de sentencias dictadas sobrepasó el millón por año, cifra que bajó a 780.000 en 1990 como consecuencia de la despenalización de las faltas y de la infracciones de tráfico.
"Parece que se ha conseguido una demarcación y una planta judicial adecuadas y un rendimiento satisfactorio de los jueces", dijo, además de indicar como objetivo prioritario del Consejo la "permanente formación y reciclaje de jueces y magistrados para estar al día y afrontar su difícil misión".
"Sólo queda que los medios necesarios para que los órganos judiciales puedan llevar a cabo racionalmente su trabajo se concreten en una oficina moderna, dotada del personal y de ls instrumentos adecuados, entre los que destaca la informática", concluyó.
(SERVIMEDIA)
20 Ene 1992
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