Aznar hizo esta petición durante su intervención en la apertura de las Jornadas de Desregulación y Privatización de España organizadas por la Federación para el Análisis de los Estudios Sociales (FAES).

Según el líder del PP, las privatizaciones han perdido su sesgo ideológico y se han convertido en una respuesta pragmática a los problemas macroeconómicos y financieros de determinados países, al tiempo que un intento por mejorar la calidad de los servicios públicos.

A su juiio, "la adhesión de España a la CE, la creación de un Mercado Unico y el programa de convergencia de Maastricht crea un nuevo marco legal que conlleva la progresiva desaparición de los monopolios públicos, la incompatibilidad de ayudas públicas directas o indirectas y la aplicación de las normas de competencia a empresas y servicios públicos".

"En este marco, las privatizaciones no son una panacea universal, pero sí un instrumento muy eficaz para forzar un cambio en los comportamientos de los diferents agentes que integran la empresa pública, dotándola de mayor eficiencia en la prestación de los servicios y contribuyendo al esfuerzo común de reducción de déficit presupuestario", dijo.

Para el PP, así lo han entendido la mayoría de los países desarrollados (EE.UU., Japón, Francia, Reino Unido o Alemania) y "es urgente afrontar ese debate en España sin falsos pudores ideológicos y con la máxima transparencia".

CONTROL PARLAMENTARIO

Jose María Aznar señaló que "el gran problema de las privatizciones llevadas a cabo en España hasta la fecha ha sido su absoluta falta de transparencia y de responsabilidad política".

"Es inadmisible", precisó, "que en España la reorganización del Instituto Nacional de Industria (INI), con las condiciones de privatización de sus empresas rentables, se haya hecho a través de la introducción de un artículo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991".

Respecto a esta cuestión, Aznar propuso la elaboración de una Ley General de Privatizaciones enla que se fijen las condiciones mínimas de cada operación, así como la constitución de una comisión parlamentaria para su evaluación.

También reclamó la creación de un órgano "anti-trust", independiente del Gobierno, que velaría por la aplicación de las prácticas anti-monopolio.