Cuando el agresor es un funcionario estatal, "la violación es una tortura o un mal trato y el Estado es responsable de ello", afirma AI.

AI solicita a los gobiernos de todo el mundo que pongan fin a una de las violacioes de los derechos humanos "más humillantes a que se somee a las mujeres: la violación o el sometimiento a abusos sexuales por parte de soldados, policías y guardias penitenciarios".

A pesar de los reiterados informes sobre violaciones, "muchos gobiernos se niegan a reconocer que la violación constituye una vulneración de derechos humanos grave; se efectúan pocas investigaciones a fondo, y a los pocos responsables a los que se sanciona o procesa, normalmente se les aplican castigos menores y la mayoría saben que no serán castigados por ello".

Además, ls amenazas de recurrir de nuevo a la violencia, las repercusiones sociales de ser violadas y la aparente inutilidad de denunciar la violación a los funcionarios que la permiten, "significan que sólo se denuncia una reducida parte de estos casos de tortura", según establece el mismo informe.

Esas agresiones suelen producirse por diversos motivos: pueden tratarse de simple abuso de poder, como los soldados de un puesto de control de Cachemira (India) que en 1990 abrieron fuego contra un autobús que tranportaba a los asistentes a una boda. Después, arrastraron a la novia de 18 años y a su tía, ésta última en avanzado estado de embarazo, a un campo, donde las violaron hasta 6 soldados. Los autores del delito fueron castigados con la suspensión de servicio.

En otros casos, los abusos ocurren durante la búsqueda de rebeldes o en actividades de represión de la oposición política o sindical, contra mujeres que están emparentadas con un hombre buscado por las autoridades o, simplemente, los realizan para oligar a las personas a confesar delitos o facilitar información.