AI ha presetado a la opinión pública una carta abierta dirigida a Fujimori y un informe sobre la situación de las libertades en el país andino, titulado "Derechos humanos en un clima de terror".

En el informe, la organización condena con dureza las "atrocidades" cometidas por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y, especialmente, por Sendero Luminoso que, "desde 1980, es responsable del brutal asesinato de miles de civiles no combatientes y de soldados cautivos".

"Durante el decenio pasado, Sendeo Luminoso ha matado a unos 90 alcaldes en Perú y, recientemente, a varios ciudadanos extranjeros, entre ellos una monja, sacerdotes y trabajadores de proyectos de desarrollo", asegura Amnistía Internacional.

Sin embargo, en su carta al presidente peruano, la organización humanitaria razona que "las tácticas de terror de los grupos alzados en armas nunca pueden justificar el terrorismo de Estado a manos de las fuerzas del orden público".

El mencionado estudio de AI afirma que las ejecuciones extrjudiciales en masa de campesinos y supuestos opositores han continuado con el nuevo Gobierno, desde julio de 1990, aunque en los últimos meses "se ha registrado un descenso significativo en el número de desapariciones", según las mismas fuentes.

250 VICTIMAS CON FUJIMORI

Aunque la organización defensora de los derechos humanos reconoce que la verdadera cifra de víctimas "puede no llegar a conocerse nunca", sí ha tenido noticia de unas 250 personas desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente, "la myor parte de ellas en las zonas en estado de emergencia, controladas por el ejército".

Desde mediados de 1990, las fuerzas de seguridad han perpetrado al menos cinco matanzas, según el informe de AI. Así, un grupo de 16 personas, entre las que figuraba un niño de 11 años, fueron abatidas a tiros por los soldados y las patrullas de defensa civil en agosto de 1990, porque se negaron a unirse a un ataque contra Sendero Luminoso, asegura la organización humanitaria.

Amnistía Internacional señala que a pesar de la considerable cantidad de violaciones de derechos humanos cometidas por los militares bajo el nuevo Gobierno, se han llevado a cabo muy pocas investigaciones judiciales y no se tiene noticia de que nadie haya sido declarado culpable".

"La generalizada sensación de impunidad que existe entre las fuerzas armadas es perniciosa y peligrosa y crece cada vez que deja de comparecer ante la justicia un militar responsable de violar los derechos humanos", señala AI en la carta al presidente Fujimoi.

No obstante, Amnistía Internacional "expresa su satisfacción ante las medidas positivas recientemente adoptadas por el Ejecutivo peruano para la protección de los derechos humanos, tales como la concesión a los fiscales que investigan violaciones de derechos humanos y al Comité Internacional de la Cruz Roja de mayores facilidades de acceso a todos los centros de detención".

"Con todo, son necesarios cambios fundamentales en la investigación de las violaciones de derechos humanos y en el procesmiento de los responsables", indica la organización, que cita como ejemplo el traslado a la jurisdicción civil de los casos de derechos humanos que actualmente juzgan los tribunales militares.