La norma significó un gran avance al poner fin a la incapacitación judicial de estas personas, a las que reconoció su derecho a decidir y a contar para ello con los apoyos precisos. Además, designó a los notarios como la autoridad responsable del proceso.

En la revista Escritura Pública, el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, destacó que "desde su puesta en marcha y gracias a la colaboración de los notarios, las personas con discapacidad han podido designar quién ha de prestarles apoyo y con qué alcance. También ha permitido establecer las salvaguardas necesarias para garantizar que en cualquier momento y circunstancia se respete su libertad”.

Antes de la aprobación de esta ley, muchas personas con discapacidad o sus familiares debían solicitar "la incapacitación judicial para ejercitar sus derechos patrimoniales, familiares o sucesorios".

Ahora, tal y como detalla Patricia Arrizabalaga, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, “las personas con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica, son iguales a las demás,".

"En consecuencia, toman sus decisiones con los apoyos que precisen, los justos y necesarios, ni más ni menos".

"La persona con discapacidad se sitúa en el centro mismo del sistema. Es la protagonista absoluta y así debe ser, desde un modelo social de derechos humanos”, subrayó.

RETOS PENDIENTES

Con todo, Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación AEquitas, precisó que todavía hay trabajo pendiente.

"Si bien la aprobación de esta ley supuso un hito que situó a nuestro país a la vanguardia de la legislación europea y mundial, dos años después de su entrada en vigor “aún se detectan reticencias, desinformación, recelos o miedos", advirtió.

"Por ello, tenemos que unirnos para remar en el mismo sentido y superar los escollos. Debemos acompañar a la ley en su crecimiento y movilizar a la sociedad para conseguir que la igualdad sea efectiva”, reclamó.

Según Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), se han dado importantes pasos, pero aún queda camino por recorrer".

“Es una ley proceso que requiere de un gran trabajo de concreción y de aplicación, y eso va a llevar, al menos, una década”, avanzó.

A su juicio, “esta gran trasformación del sistema jurídico tiene muchas implicaciones sociales, sociológicas, económicas, de formación y de pedagogía".

Por eso, "cada parte debe asumir el trabajo que le toca realizar”, concluyó.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Este objetivo de mejorar la colaboración y el conocimiento en torno a la Ley 8/2021 fue el que motivó en junio de 2023 el nacimiento de la ‘Alianza Apoyo y Autonomía’, una iniciativa de Cermi, junto con Fundación Aequitas y Fundación ONCE para impulsar el conocimiento e implementación de la ley.

La abogada María Soledad Cisternas, una de las principales referencias mundiales en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, afirma, destacó su "total convencimiento" de que "la alianza CermiI, ONCE y Aequitas es de una potencia gigante".

"Siento que con la participación de Aequitas se cubre un sector amplio de todo lo que es la Administración de Justicia (jueces, fiscales y defensores, además de, por supuesto, los notarios)”, afirmó.

Otro de los proyectos desarrollados es el programa ‘Documentos notariales en lectura fácil’, destinado a hacer comprensibles los documentos notariales para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.. esta iniciativa fue impulsada por Plena Inclusión España, la Fundación ONCE y Fundación Aequitas.