Esta es la conclusión más destacada del seminario "El nuevo derecho de familia: modificaciones legislativas y tendencias doctrinales", celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), clausurado hoy.

"Sería conveniente desarrollar una normativa general estatal sobre las parejas de hecho", afirma el Consejo del Notariado en su balance del curso.

"La pluralidad de las leyes autonómicas sobre las uniones de hecho crean grandes problemas de aplicación de la norma. Sería conveniente una normativa general estatal que regule las formas de constitución y los elementos estructurales de la pareja de hecho, los efectos de la inscripción, las reglas para la aplicación de la ley, y también las formas de su disolución", afirmó el notario Martín Garrido en la clausura del seminario.

Los notarios alertan de que las leyes autonómicas puestas en marcha dejan fuera "numerosos supuestos" como, por ejemplo, aquellas parejas en las que uno de los conyuges tiene un vínculo matrimonial anterior.

"La realidad actual de la familia obliga a admitir una amplia libertad civil de regulación de las relaciones personales y patrimoniales entre las personas unidas por lazos afectivos o sexuales, con independencia que tengan o no a su cargo otras personas, constituyan una familia tradicional o se encuentren casadas", defienden.

NO IGUAL

Sin embargo, los notarios advierten de que "no puede asimilarse, al menos desde el punto de vista del derecho privado, el estatuto del cónyuge con el de conviviente en pareja".

Para este colectivo, debe haber diferencias entre ambas instituciones porque lo contrario sería "establecer dos formas de matrimonio básicamente iguales".

Por ello, consideran que la sucesión en las parejas de hecho debe ir más por el campo de la "disposición voluntaria" de los conyuges que por el de "asimilación al estatuto matrimonial" que rige en los matrimonios.

Los notarios consideran que, en su labor de fedatarios públicos, pueden "ser la solución" para dar garantía jurídica a las nuevas realidades familiares.

"La escritura pública debe imponerse como forma constitutiva o de expresión de la voluntad y como forma de regulación de la convivencia por diversos motivos: por su tradición en la regulación de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges mediante las capitulaciones matrimoniales; por la labor de asesoramiento que presupone la intervención notarial y por el carácter privado y a la vez público de la actuación con la consiguiente defensa del principio de legalidad", defiende este colectivo.

DIVORCIO AMISTOSO

Por otro lado, en la misma jornada de clausura del curso, los notarios alertaron de la "excesiva" carga judicial sobre procesos de separación y divorcio y aseguraron que sería bueno dejarlo en la esfera privada.

"Parece una propuesta interesante ofrecer la alternativa de que el divorcio y la separación amistosas o de mutuo acuerdo pudieran decretarse no sólo por vía judicial, sino también notarial", defendió el notario José María Navarro, antes de pedir al Gobierno que acometa reformas legislativas para impulsar estas nuevas opciones, cada vez más solicitadas por la sociedad.