De estas operaciones que analizó el OCP, setenta fueron remitidas a las Autoridades, en este caso, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), porque se apreciaban en ellas indicios o sospecha de delito. La mayoría de estas operaciones se encuadraban en el ámbito del Derecho mercantil, en particular en el de las operaciones societarias.

Además, el OCP, en sus siete meses de existencia, atendió los requerimientos de información de las autoridades en relación con 226 personas físicas o jurídicas, concretamente a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional, las Fiscalías (Antidrogas, Anticorrupción...) y del propio SEPBLAC.

El OCP se creó a raíz de la entrada en vigor de la actual normativa en materia de blanqueo de abril de 2005. Esta legislación permitió a los notarios intensificar su colaboración con las administraciones públicas al pasar de ser meros colaboradores a sujetos con obligaciones en la prevención y lucha contra el blanqueo.

Ahora, como declaró el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño, los notarios están esperando la aprobación de un nuevo Reglamento Notarial por parte del Gobierno que sustituya al vigente desde el año 44. "El ministro de Justicia es sensible a esta necesidad y nos ha asegurado que durante este año el nuevo reglamento verá la luz", afirmó Marqueño.