El Consejo de Ministros decidió ayer mantener el arancel fijo vigente con posibilidad de descuento de hasta el 10 por 100. Asimismo, anunció que el arancel será libre para los documentos con cuantía que exceda de los mil millones de pesetas.

A juicio del notariad, si lo que el Gobierno pretende con estas medidas es liberalizar los servicios de la justicia preventiva, parte de un error de base, pues la fe pública debe mantenerse siempre fuera de la ley de mercado, para poder ejercer con eficacia su papel de controlador y freno de los abusos del mercado. "La utilidad social del sistema notarial se basa en su calidad técnica, no en una competencia por precios", recalcó.

Asimismo, añadió que si la intención del Gobierno es luchar contra la inflación, "tampoco ests medidas parecen las más indicadas si se tiene en cuenta que los aranceles notariales no inciden en el IPC".

Por último, los notarios afirmaron que si dichas medidas pretenden contribuir al ahorro de los consumidores, "éste tampoco parece el camino apropiado". En su opinión, lo que se debería hacer es reducir los costes de las transacciones, mediante el ahorro de trámites y evitando duplicidades, como ocurriría si se promoviera la ventanilla única de contratación.