La ley exige al vendedor aportar al comprador un certificado de que el piso o casa está al corriente del pago de las cuotas de la comunidad de propietarios, documento que está firmado por el presidente y el administrador de la comunidad.

Sin embargo, ese certificado no asta para que el notario lo avale en la formalización de las escrituras, ya que para hacerlo debe antes cercionarse de que los firmantes son quienes dicen ser y es en este paso cuando surgen los problemas.

Estos impedimentos son fruto de la realidad de las comunidades españolas, porque a veces es difícil conseguir que el presidente se persone en la notaría o la comunidad tampoco tiene libro de actas, o no está actualizado, que permita comprobar quienes son los responsables.

Ante estas circunstancas (por no mencionar los edificios turísticos de costa cuyos propietarios son mayoritariamente extranjeros), el notario no puede dejar constancia de que es válido el certificado y el comprador, en definitiva, tiene que aceptarlo o no.

Si lo acepta, sin embargo, la comunidad no le puede reclamar posibles deudas del anterior propietario, aunque el notario no haya podido dar fe de que es auténtico. En todo caso, la ley prevé la posibilidad de que el comprador desista de exigir el certificado, bajo su resonsabilidad.

Este es uno de los aspectos polémicos de la Ley de Propiedad Horizontal que se tratan hoy y mañana en las charlas-coloquio sobre la nueva ley organizadas por los notarios madrileños.