Sin embargo, la anulación, debida a que Fomento se saltó el preceptivo dictamen delConsejo de Estado sobre la orden ministerial, no es firme porque la sentencia está recurrida por el abogado del Estado ante el Tribunal Supremo.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) interpuso recurso contencioso ante la Audiencia Nacional contra la orden de Fomento por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas de medida destinados al suministro de carburantes, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verifiación periódica.

En la sentencia, la Sala afirma que la intervención del Consejo de Estado no queda "en un mero formalismo, sino que actúa una garantía preventiva para asegurar, en lo posible, la adecuación a derecho del ejercicio de la potestad reglamentaria".

El artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado, establece que deberá ser consultada la Comisión Permanente del Consejo de Estado en "reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes así como sus modificaciones".

La orden de Arias-Salgado debe ser dictaminada por el Consejo de Estado, a juicio de la Audiencia Nacional, porque si el informe del Consejo no es conforme a la propuesta del ministro ésta debe elevarse al Consejo de Ministros para resolver el asunto.

La mencionada orden de Fomento surgió tras descubrir la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el fraude en la medida de los surtidores de un grupo de estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y alguna auonomía más, controladas por el grupo empresarial Villanueva.