El Supremo ha planteado al órgano europeo que le diga si esa exigencia a los operadores es compatible con la Directiva de "Televisión sin Fronteras", con la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad reconocida en el Tratado de la Unión y con la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado.

La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) interpuso un recurso ante el Supremo en 2004, para que se anulara la inversión obligatoria en cine, por entender que el decreto que lo regula vulnera la Constitución española y el Derecho comunitario.

Ese decreto establece que los operadores de televisióndeberán reservar para la producción de cine europeo el 5% de la cifra total de sus ingresos anuales. De ese 5%, un 60% tendrá que ser para obras cuya lengua original sea una de las oficiales de España.

El Tribunal de Justicia Europeo tiene previsto pronunciarse este jueves sobre las cuestiones prejudiciales del Supremo español, según informaron hoy fuentes judiciales comunitarias.