La Mesa del Congreso, previo dictamen del presidente, Félix Pons, consideró improcedente la pregunta aduciendo que el Gobierno no tiene competencia para pronunciarse sobre este asunto.

El nombramiento de Hernández como fiscal general del Estado fue recurrido por tres asociaciones de juece y fiscales que consideraron que incumplía el requisito establecido por el Estatuto del Ministerio Fiscal de haber ejercido efectivamente como jurista durante más de 15 años para ocupar ese cargo.

En opinión de los recurrentes, no se pueden computar como ejercicio efectivo de jurista los 7 años en que Hernández ocupó los cargos de gobernador civil y delegado del Gobierno en Canarias.

El próximo 17 de junio, la Sala Tercera del Tribunal Supremo deberá resolver los recursos de las asociaciones, conlo que finalizará un polémico proceso, que se prolonga durante más de dos años.

Sáenz Cosculluela declinó facilitar a Servimedia el nombre de los magistrados del Alto Tribunal por los que se interesaba en su pregunta y sólo se limitó a decir que "no se entiende por qué se ha cuestionado el nombramiento de Eligio Hernández, cuando hay otras personas en el Supremo que están en su misma situación".

El parlamentario socialista explicó además que la Mesa del Congreso había rechazado su pregunta oral e pleno al ministro de Justicia por "defecto de forma".