Según explicó hoy en rueda de prensa el director de esta fundación, Carlos Martínez, se trata del proyecto "@O2", que incluye 10 líneas estratégicas con 23 medidas concretas contra el calentamiento global.

"@O2" arrancó en la pasada legislatura, con el apoyo de la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona. Dirigido por el ISR, el diseño del plan ha contado con la colaboración del Ejecutivo español, de nueve comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía), seis agencias energéticas, ayuntamientos, colegios profesionales y organizaciones empresariales.

José Ignacio Elorrieta, director ejecutivo de la fundación ISR y director del proyecto, subrayó que se trata de 23 medidas "hasta ahora no contempladas en España", que han resultado ser "muy efectivas" en otros países.

Entre otras, incluye medidas de reducción de emisiones (contratación pública sostenible, inversiones en tecnología limpia en el ámbito nacional), en "profundizar" en el comercio de derechos de emisión (llevarlo también a la industria no regulada), en potenciar los sumideros de carbono con proyectos forestales, gravar fiscalmente la emisión de CO2, fomentar el ferrocarril, crear parkings disuasorios a la entrada de las ciudades y enseñar a los nuevos conductores técnicas de conducción eficiente.

La renovación del parque de vehículos con iniciativas que vayan "más allá del plan VIVE del Gobierno"; incentivar la construcción de edificios con autoabastecimiento térmico; implantar el etiquetado de carbono en todos los productos e impulsar la I+D+i en tecnologías limpias son otras de sus propuestas.

Según Elorrieta, si simplemente se aplicara el centenar de medidas de la Estrategia Española de Cambio Climático del Gobierno (con una inversión de 1.065 millones de euros anuales), las emisiones de CO2 aumentarían en el país en un 56% para 2020. No obstante, la fundación asegura que, con "@O2", el incremento sería de un 51% y, el coste, 142 millones de euros al año menor.

La proyección a 2020 de esta asociación es que, "sin hacer nada", se emitirían a la atmósfera 634.194 kilotoneladas de CO2; con las medidas que contempla la Administración, 504.603 kilotoneladas y, con este proyecto, 472.924.

"España ha vivido prisionera en el intento de cumplir Kioto, y es peligrosa una política que se basa demasiado en la compra de derechos de emisión y en inversiones en proyectos de desarrollo limpio en países en vías de desarrollo, y no en políticas nacionales de reducción de emisión", prosiguió.

El objetivo del ISR es reunirse con los sectores implicados en el posible cumplimiento de estas propuestas, y de asesorar y guiar a las administraciones en la lucha contra el problema. "Seremos en parte un lobby, pero movido por el interés público", concluyó el director del programa.