El juez de paz de Iznalloz (Granada), José Lis Hernández- Carrillo, promotor de la querella interpuesta contra el jefe de Carreteras de Andalucía Oriental, Rafael Villar, por la mala señalización de este tramo, expresó hoy a Servimedia su satisfacción "porque el tiempo me ha dado la razón".

Durante la noche del 12 al 13 de junio de 1992, el Ministerio de Obras Públicas modificó, sin previo aviso, la señalización vertical de la carretera nacional 323 desde el límite con la provincia de Jaén hasta la Venta de la Nava, tramo conocido como "carretea de la muerte".

La reducción de la velocidad máxima de 100 a 80 kilómetros por hora y la prohibición de adelantamiento en algunos tramos anteriores a curvas peligrosas y sin visibilidad terminó con el rosario de accidentes mortales ocurridos en la variante del puerto del Zegrí desde que estos 19 kilómetros fueran inaugurados hace 5 años y en el transcurso de los cuales perdieron la vida, según el denunciante, unas 200 personas.

El cambio de señalización fue interpretado por el juez de paz como u reconocimiento implícito por parte de Obras Públicas de la deficiente señalización de la vía.

Precisamente este mismo ministerio accedió, meses después, a reformar el firme y cambiar la señalización horizonal de la vía, como pidió la Asociación de Perjudicados por la Carretera de la Muerte, que se personó en las diligencias que, por este asunto, instruye el juzgado número 1 de Granada.

La denuncia "era cierta", dijo hoy Hernández-Carrillo, y "prueba de ello es la reducción drástica de accidentesmortales". El juez de paz de Iznalloz, que gestó la denuncia durante las decenas de ocasiones en que tuvo que asistir al levantamiento de cadáveres como consecuencia de accidentes en esta carretera, dijo no "haber esperado nunca un reconocimiento oficial de las deficiencias en la carretera", aunque agregó: "El tiempo me ha dado la razón".

El proceso judicial, después de ser archivado por el juez instructor, Antonio Gallegos, y reabierto por orden de la Audiencia Provincial, se encuentra ahora casi parlizado, aunque el Partido Andalucista, que está personado en la causa, pidió hace ahora 10 días la comparecencia del ministro del ramo.

El PA pretende aclarar por qué José Borrell negó que para la construcción de la carretera se hubiesen recibido fondos estructurales Feder de la Comunidad Europea, cuando ésta lo ha reafirmado por dos veces.

El juzgado investiga si la señalización permisiva fue modificada por el ministerio para poder acceder a las subvenciones comunitarias para vías rápidas, caracerística que no hubiese cumplido la citada carretera de no ser por un determinado número de kilómetros sin dificultad para adelantar y viajar a una velocidad de 100 kilómetros por hora.