Esta ley también es incumplida por la docena aproximada de centros y sociedades de acogida y protección de animales de Madrid, que recogen de manera altruista a los animales abandonados y que tampoco figuran en el registro de la Consejería de Economía, según datos a los que tuvo acceso Servimedia.

Unicamente la Sociedad de Protección de Animales y Plantas San Martín de Porres, de Alcalá de Henares, está declarada como "núcleo zoológico", mientras que el Albergue de Animales Juan XII, de Móstoles, ya ha iniciado los trámites.

Además, 36 municipios madrileños que superan los 5.000 habitantes tampoco se adaptan a la normativa, ya que están obligados a tener un centro público de acogida para animales abandonados y únicamente Móstoles y Getafe cuentan con un establecimiento de este tipo.

En los municipios que no alcanzan esta población, son los servicios de la consejería los encargados de recoger a los animales y trasladarlos hasta el centro municipal de protección de animalesde Canto Blanco, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, donde son sacrificados si nadie los requiere en un plazo de 14 días.

SERVICIOS VETERINARIOS

Se estima en más de veinte el número de residencias temporales de animales domésticos existentes en Madrid, que cobran unas 1.000 pesetas diarias por guardarlos. Estos servicios experimentan la mayor actividad en esta época del año, ya que recurren a ellos numerosos veraneantes.

Según informaron a Servimedia fuentes del sector, la razón fundamentalpor la que muchas de estas residencias no están declaradas como núcleos zoológicos son los numerosos requisitos que se les exigen, entre los que figura el contar con un servicio veterinario prácticamente permanente y unas instalaciones adecuadas.

Además, la ley obliga a estos centros a disponer de una instalación aislada para que cuando el animal ingrese permanezca allí hasta que el veterinario dictamine su estado sanitario, una práctica poco habitual en estas residencias.

A juicio de Francisco Aanda, encargado de la residencia de perros de Valdetorres del Jarama, la ineficacia de esta ley viene propiciada, además, por la falta de vigilancia e inspección a estos establecimientos de guarda y acogida, que ayuntamientos o consejería están obligados a efectuar, lo que facilita que la ley se convierta en "papel mojado".

El incumplimiento de la ley es tal que la consejería desconoce en la actualidad las residencias privadas de animales existentes en la comunidad autónoma, así como los centros de acgida.