Esta ausencia de impugnaciones, que contrasta con los 32 asuntos de 1992 y los 16 de 1993, demuestra, según Peña, que la conflictividad se ha consolidado a la baja, con una media de unos 25 asuntos al año, cifra claramente inferior a los casi 100 conflictos de media registrados en el quinquenio de 1985-1989.

Peña explicó que la ausencia de conflictvidad entre el Estado y las comunidades autónomas se ve favorecida por las buenas relaciones que mantienen en la actualidad el Gobierno y los nacionalistas de Cataluña y Euskadi, regiones que, tradicionalmente, han estado a la cabeza en la presentación de recursos.

No obstante, remarcó que el origen de esta baja conflictividad data de hace tres años, cuando existían unos 500 conflictos en el Tribunal Constitucional y el ministerio hizo una "gran ofensiva" que permitió la retirada de un centenar de ells.

"Esa cultura de la negociación y de la retirada de conflictos continúa. Por lo tanto, no tiene mucho que ver en estos momentos las peculiariares relaciones que el Gobierno pueda tener con los nacionalistas vascos y catalanes, pero es evidente que también contribuye", indicó Peña.

Por lo que se refiere a las sentencias emitidas durante los seis primeros meses del año por el Tribunal Constitucional sobre conflictos entre comunidades y Administración central, el número de resoluciones asciende a5, relativas a ayudas comunitarias a los ganaderos, ley estatal de televisión privada y normas estatales sobre el juego, entre otras.

Asimismo, en lo que va de año el alto tribunal ha acordado el desestimiento en 14 asuntos, de los cuales 6 lo fueron por el Estado y 8 por parte de las comunidades autónomas (6 por Cataluña y 1 por el País Vasco y Navarra).

Hasta el pasado 30 de junio, el número de asuntos acumulados ante el Tribunal Constitucional era de 182, mientras que al concluir el año 1990 l cifra de asuntos por resolver entre el Estado y las comunidades autónomas era de 415.

Según las previsiones de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, si continúa la actual tendencia: que el tribunal sentencia una media de 60 asuntos por año, que se acuerden 25 desestimientos y que la conflictividad nueva no supere los 30 asuntos, para finales de 1996 podrían existir tan sólo unos 50 asuntos pendientes, lo que supondría una situación de "normalidad administrativa y de conflicividad irrelevante".