En declaraciones a Servimedia, Manceñido afirmó que es necesario situar bien el problema y el efecto de esta iniciativa y argumentó que, como 39 de cada 1.000 españoles es domante de sangre, por cada 1.000 ciudadanos que viajaran a estas zonas sólo les afectaría a 39 personas.

A su juicio, la medida conllevaría un efecto inducido grave, no entre los donantes bien informados "sino sobre esos otros que se están incorporando a la donación y que cualquier noticia que afecte a la sangre les asusta y no vuelven a acudir", añadió.

Sin embargo, precisó que cualquier iniciativa para garantizar la seguridad de la sangre para la trasfusión es valorada positivamente por el colectivo, aunque reiteran que el mensaje debe ser bien precisado y comunicado para evitar que algunas personas dejen de donar.