Así lo puntualizaron en un comunicado en el que consideraron que el conjunto de medidas propuesto “recientemente” por el departamento de José Miñones para el control del tabaquismo “son insuficientes para resolver la situación actual de esta enfermedad en España”.

“El tabaquismo es una enfermedad crónica que en España causa más de 56.000 muertes cada año, lo que equivale a más de 1.000 defunciones cada semana”, recordó a este respecto el neumólogo y coordinador del Comité Ejecutivo del Área de Tabaquismo de la Separ, el doctor Carlos Rábade.

Tras señalar que, según la Encuesta sobre alcohol y otras drogas de España (Edades), casi un 70% de la población ha fumado alguna vez y un 33% lo hace diariamente, el experto advirtió de que se trata de una “grave situación” ante la que “urge poner en marcha una nueva Ley para el control del tabaquismo”.

En este punto, ambas entidades añadieron que la falta de financiación de algunos tratamientos “implica” que cada año 53.476 fumadores “se quedan fuera del tratamiento de deshabituación tabáquica”. “Actualmente, en un escenario no financiado de todos los tratamientos farmacológicos de cesación tabáquica en pacientes con enfermedades crónicas dejan de fumar 15.208 pacientes con un ahorro estimado de 14,6 millones de euros”, abundaron.

CESACIÓN TABÁQUICA

No obstante, estimaron que, “en un escenario de financiación de todos los fármacos de cesación tabáquica, habría más pacientes que intentarían abandonar el tabaco y más posibilidades de éxito", convencidas de que dichos tratamientos "podrían llegar a más personas, alcanzando los 68.684 pacientes, lo cual generaría un ahorro económico estimado de 36,6 millones de euros en cinco años”.

En este contexto, hicieron hincapié en que, además del “grave impacto sobre la salud”, el tabaquismo también tiene efectos económicos en todas aquellas personas que fuman, teniendo en cuenta que, anualmente, un fumador “pierde 2.000 euros en tabaco”, por lo que, en el caso de una persona que lleva 20 años fumando, calcularon que “habrá perdido 40.000 euros”.

La Separ y Fenaer subrayaron, asimismo, cómo en el año 2021 se elaboró el borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, un documento que contó con la aprobación de sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones de pacientes y que, para el presidente de Fenaer, Mariano Pastor, “suponía un punto de partida, ampliamente convenido y aprobado, para poner en marcha una nueva legislación que facilitase el control, la prevención y el tratamiento del tabaquismo”.

A este respecto, indicaron que dicho plan contempla medidas que buscan “evitar” que los jóvenes se inicien al consumo de tabaco, “proteger” la salud de los no fumadores frente al aire contaminado por humo de tabaco y prestar asistencia sanitaria “a todos aquellos que deseen abandonar el tabaco”.

Junto a ello, el plan “facilitaría”, a su entender, el desarrollo y puesta en marcha de medidas “que sirvan para controlar la venta, publicidad y distribución de las nuevas formas de fumar”, como son los cigarrillos electrónicos, los calentadores de tabaco o las pipas de agua, que, para la Separ, “suponen una nueva plaga que afecta a los jóvenes y que potencian su iniciación al consumo de tabaco”.