Durante el pleno del Consejo del pasado 3 de noviembre, el grupo progresista puso sobre la mesa el nombre del magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés como candidato a ocupar una de las plazas. Los conservadores se comprometieron a analizar al aspirante y a presentar un nombre para ocupar la otra plaza que le toca renovar al CGPJ.

Según la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el plazo para la renovación de un tercio de los miembros del TC habría expirado el pasado 13 de septiembre. En este proceso, al CGPJ le corresponde nombrar a dos magistrados y al Gobierno, otros dos. Tradicionalmente, los conservadores proponen uno de los candidatos del Consejo y los progresistas al otro.

A los conservadores no les gusta Bandrés porque le consideran cercano a los partidos independentistas de Cataluña. El magistrado fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona durante años, defendió el modelo de inmersión lingüística y fue fundador de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Además, se le considera cercano al progresista Cándido Conde-Pumpido, que podría presidir el TC renovado.

De hecho, pocos días después de conocerse su candidatura, el secretario general del Consejo General del Poder Judicial, José Luis de Benito, planteó al Tribunal Supremo la conveniencia de que el magistrado José Manuel Bandrés se abstuviera de participar en la resolución del recurso interpuesto contra la decisión del CGPJ de que el vocal Rafael Mozo asumiera las funciones de presidente suplente tras la dimisión de Carlos Lesmes.

Los conservadores no quieren que esta resistencia a votar a Bandrés se considere un veto a la propuesta progresista, pero no ocultan que les gusta más el perfil del también magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva, cuyo nombre se barajó también en el grupo progresista.

Pese a estas resistencias, está calando en ambos grupos la necesidad de culminar la renovación antes de que termine el año, por lo que los conservadores podrían presentar a su candidato esta semana, para comenzar el análisis de su currículum.

El instructor del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se perfila como el favorito de los conservadores. Fue presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y su actuación en el caso del proceso independentista le sitúa como antagonista de Bandrés. No está garantizado que acepte. El siguiente en la lista de los conservadores si Llarena rechaza ser candidato es el magistrado Julián Sánchez Melgar, ex fiscal general del Estado con el Gobierno de Mariano Rajoy.

La reunión entre los negociadores pretende avanzar de manera clara hacia el acuerdo que podría votarse en el pleno ordinario del CGPJ que se celebrará el próximo 24 de noviembre, aunque tampoco se descarta que la negociación se prolongue.

A partir del momento en el que el Consejo designe a sus dos candidatos, el Gobierno podrá nombrar a lo suyos, dando la vuelta así a la relación de fuerzas en el TC, que pasaría a tener mayoría progresista, un proceso que sucede cada nueve años por la renovación parcial del tribunal de garantías que contempla el el artículo 159.3 de la Constitución, que fija la renovación por tercios de los 12 magistrados del TC cada tres años.