En un enuentro informativo organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Alvarez de Miranda no entró a valorar la sentencia del Supremo argumentando que las resoluciones judiciales son un "tema vedado" para la institución que preside.

No obstante, expresó su preocupación por las secuelas de la drogodependencia y por las operaciones "escandalosas" de blanqueo de dinero que genera esta actividad delictiva.

Tras hacer hincapié en que son siempre los más débiles y los más marginados los qe sufren el problema de las drogodependencias, el Defensor el Pueblo subrayó que estas personas deben tener la consideración de enfermos y que necesitan la protección de las instituciones públicas.

Igualmente, recordó que su institución carece de potestades ejecutivas para reclamar ayudas para los damnificados por el 'caso Nécora' y que su papel consiste en recordar a los poderes públicos sus deberes legales y hacer constar este tipo de protestas en su informe anual.

ACCION EFICAZ

"Incluiremos n el informe", añadió, "las quejas de tantas madres y familias destrozadas por las drogas para que los legisladores puedan tener una acción eficaz en ese camino".

En su cita con los informadores parlamentarios, Alvarez de Miranda aseguró que también "excede de sus competencias" valorar las declaraciones del ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera sobre una supuesta negociación o canje entre terroristas de ETA y de los GAL.

A su juicio, el Gobierno se ha mostrado siempre bastante "terminate" en este terreno, al asegurar que no entrará en un proceso de negociación con ETA mientras que la banda terrorista siga actuando como hasta ahora.

"Plantear eso del canje sobre terroristas de ETA o del GAL es inaceptable y sería incompetente que el Defensor del Pueblo se pronunciara sobre algo que está sometido a distintos tribunales. El defensor del Pueblo no tiene ahí ningún papel que jugar", concluyó.