El pasado 1 de junio, fecha en la que finalizaba el plazo de seis meses que los conservacionistas tenían para recoger las firmas, la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) había presentado ante las distintas oficinas del censo 459.213.

Sin embargo, los ecologistas seguirán realizando durante todo elmes de junio la captación de dhesiones antinucleares y las entregarán ante un notario cuando hayan completado el medio millón, a la espera de que sean fallados varios recursos judiciales que hay pendientes.

Durante la campaña de captación de firmas, los promotores de la iniciativa presentaron dos recursos contencioso-administrativos contra decisiones de la Junta Electoral Central y un recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, remitieron dos escritos de protesta al Defensor del Pueblo.

RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL

l recurso presentado ante el Tribunal Constitucional tiene su origen en la negativa de la Mesa del Congreso de los Diputados a conceder la prórroga de tres meses que, según Aedenat, "la ley orgánica posiblita en su artículo 7.3 cuando concurren motivos de fuerza mayor".

"No deja de tener su ironía", agregaron, "que la Mesa del Congreso apreciase que la coincidencia del período vacacional con el de la recogida de firmas constituía causa de fuerza mayor en una iniciativa anterior o que después de incumpir ella misma el plazo fijado en el artículo 5 de la ley, no haya permitido que un colectivo social se beneficie de la excepción temporal contemplada en otro capítulo".

Los colectivos conservacionistas consideran que al "carácter marcadamente obstruccionista" que tiene la Ley Orgánica 3/84 reguladora de la ILP, hay que sumar en esta ocasión la "interpretación restrictiva e incluso contraria al texto" que de la misma ha realizado la Administración.

Asimismo, recuerdan que la fecha del inicio de lacampaña les fue impuesta, que han sido obligados a entregar los pliegos en las oficinas provinciales del Censo, y no en las juntas electorales provinciales "como establece la ley", y acusan al Ministerio de Justicia de obstaculizar "lo indecible" la acreditación de fedatarios.

OBSTRUCCION ADMINISTRATIVA

Además, creen que sufrieron un grave perjuicio al ser obligados a utilizar el castellano en los pliegos distribuidos en las comunidades que disponen de otra lengua y al tener que exigir a los firmants que hicieran constar un gran número de datos (nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, dirección en la que estaban censados, número de DNI y firma).

Por otra parte, consideran que la guerra del Golfo Pérsico y las elecciones municipales y autonómicas también han entorpecido su labor, como lo demuestra el hecho de que el 15 de marzo, cuando habían transcurrido tres meses y medio desde el inicio de la campaña, sólo hubieran recogido unas 40.000 firmas en todo el Estado.

No obstante, los eologistas consideran cumplidos la práctica totalidad de los objetivos que se habían marcado, ya que los resultados "indican la existencia de un vigoroso sentimiento antinuclear en la sociedad española".

Cataluña y Madrid han sido las comunidades que más firmas han presentado (74.237 y 82.000, respectivamente), seguidas de Valencia, País Vasco, Andalucía y Castilla y León (57.723, 57.400, 48.521 y 33.052, respectivamente).

En Asturias han sido recogidas 18.738, en Extremadura 17.000, en Castilla-L Mancha 15.978, en Murcia 13.651, en Baleares 9.126, en Cantabria 8.264, en Aragón 6.938, en Galicia 5.668, en Canarias 5.585 y en La Rioja 5.332.