Según la patronal del sector, ANAVE, en los últimos cuatro meses han emprendido los trámites para exportar buques a otros registros extranjeros las empresas propietarias deunos 40 buques, que se suman a los más de 30 que siguieron el mismo camino entre enero y abril de este año.

La medida viene motivada por la creciente competencia exterior de empresas navieras que tienen registrados sus barcos en las llamadas "banderas de conveniencia", donde los incentivos fiscales y de cotización por los trabajadores para las empresas les permite ofrecer en el mercado un precios por los fletes muy inferiores a los de las empresas nacionales.

El Segundo Registro de Buques de Canaias aprobado hace poco en el Parlamento pretendía ser un instrumento similar, pero las condiciones fiscales con las que finalmente ha salido adelante ha llevado a las navieras a calificarlo como la "pérdida de una ocasión histórica", al tiempo que anunciaron la "huida" masiva de buques a medida que fuera creciendo la competencia por la liberalización impuesta por la Unión Europea en el cabotaje, el transporte marítimo de mercancías entre puertos de un mismo país.

Este "éxodo" ha empezado ya y no distigue en la titularidad de las empresas, ya que tanto compañías públicas como privadas están recurriendo a esta medida.

Entre las embarcaciones que ya han recibido autorización administrativa para sacar sus barcos del país figuran tres de la estatal CLH, controlada por el grupo público Repsol, que ya tiene todas sus embarcaciones fuera, seis de la Empresa Nacional Elcano, cuatro del armador Lexmar España, dos de Naviera Química y uno de Medlines, Líneas Ecoa y Cementos del Mar, respectivamente.

Adeas, de enero a abril, dos embarcaciones de Trasatlántica Española, recientemente privatizada por el Gobierno, solicitaron sacar del registro español dos buques y obtuvieron la autorización. Bien en trámites o bien con el expdiente autorizado y pendiente de ejecución se encuentran otras trece compañías, propietarias al menos de otros tantos buques.

Para los armadores y navieros, el proceso está provocando la desaparición de la inversión y el empleo industriales y de servicios ligados a este sector, asícomo sus posibilidades de aprovechar la fase incipiente de recuperación económica tanto a medio como a largo plazo.

El argumento del Gobierno y del partido socialista a través de sus portavoces parlamentarios es que las medidas adoptadas para el registro de Canarias no son definitivas, y que es posible la revisión de las condiciones fiscales y de contratación cada año, a través de los Presupuestos Generales del Estado.