Según ha podido saber Servimedia en fuentes de la patronal de navieros españoles, ANAVE, la espantada de las empresas mercantes para registrar sus barcos en otros países ha hecho que a finales de 1993 haya más flota española en banderas extranjeras que en la propia.

A primeros de enro, la flota controlada por armadores españoles tenía una capacidad de 2,4 millones de toneladas registradas, pero de esa cantidad, 1,4 millones de toneladas estaban ya colocados en abanderamientos no españoles.

Las petroleras son las que más han incurrido en esta "huida" de los costes que supone el abanderamiento en España, en medio de una fuerte crisis sectorial, ya que 787.388 toneladas de la flota están registradas en el extranjero y 437.811 aún permanecen registrados en el país.

El balance d este proceso de sacar buques de España para hacerlos más rentables es que en 1993 se redujo en 900.000 toneladas, cerca de un 50 por cien, la flota registrada en España, mientras que la dependiente de empresas nacionales o con capital español pero inscrita en el extranjero creció en 600.000 toneladas, un 75 por cien más que en 1992.

Los responsables de ANAVE consultados por Servimedia insisten en que la demora del Gobierno para hacer verdaderamente operativo un registro español de conveniencia en Canrias, como el empleado por las firmas del sector en otros países, es el principal motivo de esta escapada.

No obstante, insisten en que hay aspectos como la mejora de las condiciones financieras para construir nuevos buques con destino al mercado interior, facilitaría los procesos de inversión de las empresas y permitiría compensar a los sindicatos del sacrificio laboral que supone reducir a la mitad las plantillas nacionales de buques que se inscriban en el registro canario una vez sea operativo.

Por su parte, los responsables de la política del Transporte ya han expresado su voluntad de lograr un acuerdo parlamentario sobre la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que permita incorporar a ese registro de buques bonificaciones fiscales y ayudas, "en el límite de lo que la CE podría aceptar, dentro de lo que podríamos decir un registro comunitario".