Para la patronal naviera, esta es una de las causas de la "drástica reducción de la flota española", queactualmente es un 22 por ciento de la existente hace 14 años, como consecuencia de las mayores cargas impositivas frente a los registros especiales de otros países, normalmente paraísos fiscales.

Como ejemplo, un petrolero con 25 tripulantes debería pagar 215 millones de pesetas en salarios y seguros sociales, que se reducirían a 105 millones en registros especiales -libres de impuestos- empleando únicamente a españoles y a 57,5 millones si los marinos no son comunitarios.

Por eso, mientras en enro de 1991 la flota controlada por navieras españolas bajo otros pabellones era de 20 buques mercantes, en marzo de este año ha pasado a 80 barcos, lo que a juicio de la patronal demuestra que existen empresas españolas "con vocación de mantener su actividad en el sector naviero, siempre que los costes operativos de los buques lo permitan".

Con el objetivo de la competitividad, ANAVE ha solicitado que la Administración no ponga obstáculos para que las empresas españolas registren su flotas bajo pabellnes de conveniencia, y que sean considerados españoles a los efectos del apoyo a su operación en tráficos abiertos.

En cuanto al recientemente constituido registro de Canarias, que contempla reducciones fiscales, la patronal ha pedido que se apliquen transitoriamente las bonificaciones contempladas en el anteproyecto de Ley de Régimen Canario, paralizada por la disolución de las Cortes.

Por último, dada la antigüedad de la flota, con una edad media de 15 años, ANAVE reclama incentivos a las inverión tales como subvenciones directas y sugiere que en la línea de financiación existente actualmente con interés subvencionado, la Administración anticipe la totalidad de la ayuda en el momento de adquisición del buque, en vez de distribuirla a lo largo de la vida del crédito.