Esta premisa, añadieron, es la que ha motivado un giro en la dureza inicial de los planteamientos del Ministerio y ha llevado a sus responsables a aceptar una negociación más lenta de lo deseado en un principio, a que los planes del Ministerio pasaban por cerrar las conversaciones con las centrales el 15 de agosto.

Asimismo, esas fuentes admiten que la necesidad del acuerdo es la que determinará un número final de trabajadores afectados por el ajuste, inferior al que en principio ha apuntado la dirección en las negociaciones, unas 5.200 personas.

No obstante, en Industria mantienen que la propuesta de negociación elaborada por la División de Construcción Naval (DCN) del antiguo INI, hoy Agencia Industria del Estado (AIE), no es "descabellada", y aseguran "en cualquier caso, que los sindicatos deben aceptar medidas duras de ajuste para situar a los astilleros públicos en una posición de competitividad".

Estos planteamientos han llevado a Industria y los sindicatos a concederse todo el mes de agosto para analizar la situación en cada una de las empresas afectadas por la reestructuración. Tras la reunión mantenida el martes, en la que la empresa volvió a insistir en la necesidad de cerrar los astillerosde Cádiz y Sevilla, ambas partes pactaron un calendario de negociación.

Hoy volverán a reunirse para analizar la situación de Juliana, una de las empresas que el Gobierno desea sanear para proceder a su posterior venta, y le seguirán en las próximas semanas Sestao, Barreras, Astander, Astano, Manises, Puerto Real, Cádiz y Sevilla.

Otro de los aspectos no escritos en el calendario pactado para la negociación es el de que ambas partes no admitan interferancias ni de las administraciones autonómicas ni de las organizaciones sindicales regionales en donde la crisis del sector del naval azota con fuerza.

Según responsables de la DCN, las negociaciones están personalizadas en las federaciones del metal de los sindicatos representativos en el sector (CCOO, UGT, ELA-STV y CIGA) y los responsables de la propia División, pese a las constantes maniobras y protestas que desde las uniones territoriales de los sindicatos y los Gobiernos autónomos vienen produciéndose desde que se hizo pública la propuesta el Gobierno.

El principal motivo de las protestas regionales es la pretensión, que aún mantiene el Gobierno central, de sanear para después vender Barreras, en Vigo; Juliana en Gijón, y Astender, en Cantabria, así como el cierre de los astilleros andaluces, medidas todas ellas que siguen considerando inaceptables los representantes de los trabajadores.