Así lo dijo a Servimedia el director gerente de la AVT, Juan Antonio Corredor, para quien el hecho de que hayan puesto en libertad a un presunto narcotraicante que se enfrentaba a una petición de 60 años de cárcel y a una multa de 69.000 millones de pesetas "abunda en lo que ha estado pasando durante muchos años en esa sección", la cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Aseguró que muchas de las resoluciones dictadas por Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero repercuten negativamente en el trabajo del juez instructor, "que ve cómo le echan abajo toda una instrucción"; de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "qu durante mucho tiempo ponen su vida en una investigación", y en el ánimo de las víctimas del caso.

La AVT se encuentra personada en los casos abiertos por el juez Baltasar Garzón contra Ekin y Haika, agrupaciones que se han visto favorecidas por resoluciones, no exentas de polémicas, dictadas por los mismos magistrados que han excarcelado a Ruiz de Santamaría.

En su opinión, la de Ollero, Cezón y López Ortega es una Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que "interpretan la ley d una manera muy vaga, muy permisiva hacia el delincuente y parece, que muchas veces, por lo menos en lo que se refiere (a casos) del entorno de ETA, con muchísimo miedo".

Corredor expresó su confianza en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haga lo que no hizo la Audiencia Nacional en su momento: depurar responsabilidades y poner orden en la mencionada sección.

"Sin embargo, muchas veces, el corporativismo de la carrera judicial hace que todos estos temas queden en nada, como nos ocurió a nosotros", dijo. "Ojalá ésta (la fuga de Ruiz de Santamaría) sea una prueba definitiva".

LA DENUNCIA ARCHIVADA

La denuncia de la AVT fue presentada el 28 de junio, cuando esta asociación pidió a la presidencia de la Audiencia Nacional que investigase si Carlos Cezón y Juan José López Ortega actuaban por miedo al revocar diversos autos del sumario que el juez Baltasar Garzón instruye sobre el entramado económico y financiero de ETA.

Para la AVT, debía averiguarse si las "tensiones propias d su cargo" habían provocado en estos dos magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional una "incapacidad emocional para juzgar temas de terrorismo".

El entonces presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, 24 horas después de recibir la denuncia, decidió archivar el caso por considerar que carecía de "cualquier posible fundamento legal".