Ruiz de Santamaría, supuesto enlace del 'cartel' de Bogotá y del de La Costa, se ha dado a la fuga apenas cuatro días después de haber salido en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas. El juicio contra este hombre etaba previsto para el próximo 14 de enero. La físcalía pide para él 60 años de cárcel y una multa de 69.000 millones de pesetas.

Para Llamazares, el CGPJ debe llevar a cabo una "investigación a fondo" dada la alarma social que ha causado la "inexplicable" y "equivocada, cuanto menos", decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha permitido que "un preso que no es cualquiera se haya ido de rositas".

El coordinador general de IU insistió en la necesidad de imoner "sanciones ejemplares a quienes, por acción o por omisión, han provocado una situación de alarma social", lo contrario, añadió "sería un gravísimo error".

En este sentido, señaló que espera que "la investigación del Consejo no quede en agua de borrajas", al tiempo que instó a sus miembros a tomar una "decisión en interés público de la justicia" y no una "resolución corporativa".

"Espero que la prueba de fuego que tiene este nuevo Consejo General del Poder Judicial le sirva para validarse com un consejo general que, de alguna manera, pone por delante el servicio público de la justicia al corporativismo de la carrera judicial", agregó.

Llamazares anunció que su partido se dirigirá al Ministerio de Justicia para que impulse la lucha contra el narcotráfico desde los tribunales y para que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, inste al CGPJ a esclarecer los hechos.

El coordinador de IU agregó también que espera que con este caso no ocurra lo mismo que con la investigación abierta or el CGPJ sobre el robo de documentos pertenecientes a varios sumarios que afectaban a Jesús Gil, alcalde de dicha localidad.

La Comisión Disciplinaria del CGPJ archivó la investigación abierta a los titulares de los tres juzgados de Marbella en los que se produjeron los robos. Los vocales consideraron que los jueces no eran responsables de falta alguna sancionable por parte del máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados.