Ollero ha regresado a la Audiencia Nacional tras haber cumplido los seis meses de suspensión cautelar que el CGPJ le impuso el 7 de febrero de 2002.

Tanto Ollero como sus dos compañeros de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Juan José López Ortega y Carlos Cezón, fueron sancionados con varios meses de suspensión por una falta muy grave prevista en el artículo 417.9de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consistente en la desatención de sus funciones.

Ollero y López Ortega fueron sancionados con seis meses de suspensión, lo que no conlleva la pérdida de destino. Esta es la razón por la que el primero ha regresado hoy a la Audiencia Nacional.

Sin embargo, Juan José López Ortega solicitó en su momento el traslado a la Audiencia Provincial de Madrid, lo que el CGPJ le concedió el pasado 18 de junio.

Por su parte, Carlos Cezón, fue sancionado a siete meses or su condición de presidente del tribunal y ponente del fallo que dejó en libertad a "el Negro". Por tanto, perdió el destino y trasladado, en consecuencia, a la Audiencia Provincial de Madrid.

VIA PENAL

Después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejara en libertad al presunto narcotraficante, la Fiscalía Antidroga presentó en el Tribunal Supremo una querella contra los tres magistrados por prevaricación. El 23 de julio, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal arhivó el caso, al considerar que no cometieron ningún delito.

Los hechos se remontan a un auto dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en diciembre de 2001. En la resolución, los magistrados dictaban la libertad bajo fianza de Carlos "el Negro", cuando quedaban escasos días para la celebración del juicio en el que estaba imputado.

El presunto narcotraficante aprovechó el auto para darse a la fuga. El juicio por la denominada "operación Temple", en el que había37 acusados, se celebró sin su presencia.

La puesta en libertad de Carlos Ruiz de Santamaría, que continúa en paradero desconocido, se produjo en contra de la opinión de la Fiscalía Antidroga, quien había solicitado para el supuesto narcotraficante un total de 60 años de cárcel y 69.000 millones de pesetas de multa.