En un escrito hecho público hoy, Sierra Gil de la Cuesta considera que Cezón, López Ortega y Ollero incurrieron en una falta muy grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), consistente en "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos ycausas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".

El magistrado instructor del expediente considera que el auto por el que se decretó la libertad bajo fianza de Carlos Ruiz de Santamaría era una resolución de "enorme trascendencia", dada la gravedad de los hechos que se imputan al presunto narcotraficante, y que exigía "un especial cuidado en su estudio y especial atención".

"Hay que reconocer, sin lugar a dudas, que los componentes de la Sala en cuestión no prestaron ni en oco tal atención y cuidado", asegura Ignacio Sierra.

Así, señala que el informe psiquiátrico de Ruiz de Santamaría fue examinado de una "manera somera", que el contenido del mismo se consultó al médico forense de la Audiencia Nacional en una reunión "informal" y que "duró de dos a cuatro minutos".

Además, recuerda que la deliberación previa al auto de libertad bajo fianza se llevó a cabo en dos fases, "de una duración, cada una de ellas, de unos 20 minutos y con un espacio de tiempo de unos sieteu ocho días".

Además, ambas reuniones tuvieron lugar "aprovechando que habían terminado de deliberar sobre otro tema muy complicado, que les llevó, en cada una de las fases, unas dos o tres horas, las cuales fueron muy tensas y difíciles", dice Ignacio Sierra. "Después de esta última fase [...] se acuerda dictar auto de lbertad".

El instructor del expediente reprocha también que la puesta en libertad bajo fianza se decretó sin aompañarla de las medidas cautelares "propias, pero no obligadas por l ley, de la personalidad del afectado, implicado en un grave caso de narcotráfico".

En este sentido, recuerda que la Fiscalía Antidroga solicitaba "gravísimas penas" para Carlos Ruiz de Santamaría, cuyo abogado defensor propuso "verbalmente" al ponente, Carlos Cezón, algunas medidas cautelares.

"Todo ello, además, sin haber tenido en cuenta el impacto sociológico que puede suponer la libertad de un implicado en un caso muy grave de narcotráfico, lógicamente dispuesto a rehuir la acción de la justcia. Aún más, cuando esa libertad se acordó pocos días antes de iniciarse las sesiones del juicio oral", añade Ignacio Sierra.

Para el magistrado instructor del expediente, quien en un resolución no trata de "juzgar la bondad o desatino de la una resolución judicial", sino el sistema de trabajo utilizado para dictar el auto de libertad en cuestión, la responsabilidad de los hechos recae en los tres magistrados, pues componían un tribunal colegiado.

Así, Sierra Gil de la Cuesta propone que Cezón, ópez Ortega y Ollero sean sancionados con siete meses de suspensión. Según consta en el artículo 420.2 de la LOPJ, las faltas muy graves están sancionadas con el traslado forzoso, la suspensión de hasta tres años o la separación del servicio.

Sierra Gil ha dado ocho días a los magistrados para que presenten alegaciones al informe que presentará en su momento ante la Comisión Disciplinaria del CGPJ, la cual podrá hacer dos cosas, elevarla al pleno para que apruebe la sanción propuesta, o bien, dejar ése en suspenso hasta que el Tribunal Supremo concluya la instrucción abierta contra los tres citados jueces por un delito de prevaricación, presuntamente cometido al dejar en libertad a Carlos "el negro".

SUSPENDIDOS PROVISIONALMENTE

Cezón, López Ortega y Ollero fueron suspendidos cautelarmente el pasado 6 de febrero, hasta que el Tribunal Supremo resuelva la querella interpuesta contra ellos por un delito de prevaricación, presuntamente cometido al dejar en libertad bajo fianza de cinco millones de esetas, a Carlos Ruiz de Sanrtamaría, uno de los 37 acusados que iba a ser juzgado por la "Operación Temple" y que actualmente se encuentra en oparadero desconocido.

Según informaron fuentes del CGPJ, por el momento, la vía disciplinaria continuará su curso, si bien no podrá ejecutarse sanción propuesta por Ignacio Sierra, en caso de que se el Pleno la apruebe, hasta que se resuelva la investigación abierta en el Tribunal Supremo.

Asimismo, las mismas fuentes agregaron que no siempre una falta qu puede ser objeto de sanción por parte del máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados es constitutiva de delito, algo que también recuerda Ignacio Sierra Gil de la Cuesta en su resolución.