Ollero declaró por espacio de dos horas ante el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, quien instruye la querella presentada contra él, Juan José López Ortega y Carlos Cezón por un delito de prevaricación presuntamente cometido al dejar en libertad, bajo fianza de cinco millones de pesetas, Ruiz de Santamaría, uno de los 37 narcos que iba a ser juzgado por la "Operación Temple" y que actualmente se encuentra en paradero desconocido.

Ollero señaló que é y sus compañeros de la Sección Cuarta de de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Carlos Cezón y Juan José López Ortega, también imputados de prevaricación, decidieron conceder la libertad provisional que le habían denegado en anteriores ocasiones a Ruiz de Santamaría ante el grave riesgo de suicidio. Este peligro, según el magistrado, ensombrecía cualquier otra razón en contra de la excarcelación.

Para Ollero, el informe psiquiátrico dejaba claro que el encarcelamiento era perjudicial para l salud de Ruiz de Santamaría y que que el tratamiento al que debía ser sometido era ambulatorio y fuera de la prisión, distinto al que estaba recibiendo dentro del recinto penitenciario.

Este magistrado de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional insistió ante el Tribunal Supremo en que para él y sus dos compañeros "lo que estaba en juego era la vida de un ser humano".

Ollero explicó que se produjeron dos deliberaciones, una el 10 de diciembre y otra el 17 de ese mismo me, aproximadamente. En la primera reunión, él y López Ortega propusieron a Cezón que un forense contrastase el informe psiquiátrico elaborado por Angel Hebrero, lo que fue aceptado por el presidente de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.

En la segunda deliberación, Cezón les comunicó que, según el forense de la Audiencia Nacional, la enfermedad de Ruiz de Santamaría era grave y existía riesgo de suicidio.

La puesta en libertad de Carlos Ruiz de Santamaría, actualmente en paradero desconocido se produjo en contra de la opinión de la Fiscalía Antidroga, quien había solicitado para el supuesto narco un total de 60 años de cárcel y 69.000 millones de pesetas.