Mónica Amat declaró como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, instructor de la querella presentada por la Fiscalía contra los tres componentes de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, por un delito de prevaricación presuntamente cometido al dejar en libertad bajo fianza a Ruiz de Santamaría.

Amt aseguró que a finales de noviembre visitó una vez a Cezón para pedir la libertad provisional de su marido. El magistrado le respondió que había recibido el informe psiquiátrico y que ya tomaría la decisión oportuna.

Asimismo, la esposa de Carlos Ruiz de Santamaría aseguró que en esas fechas su marido se encontraba "muy mal, muy desanimado, muy depresivo", a lo que hay que añadir que "había adelgazado muchísimo, no tenía ganas de verla, no se interesaba por su embarazo y le daba igual todo".

Mónca Amat manifestó que conoció hace dos años durante unas vacaciones en la República Dominicana a su marido, un hombre que antes de ingresar en prisión "estaba muy ilusionado con todo".

La última vez que vió a su marido fue el 26 de diciembre en la cafetería de El Corte Inglés de Juan Carlos I, en Madrid. Tras recibir la llamada de un abogado, le dijo "ahora vengo" y no volvió a saber de él.

Esta mujer aseguró que el carácter de su marido "cambió totalmente" cuando vió las noticias sobre su puestaen libertad. "Emepezó a ponerse muy nervioso", dijo Amat, quien también señaló que su marido no manejaba dinero.

Además, manifestó a Sánchez Melgar que no tiene forma de hablar con su marido ni con su familia, de la que sólo sabe que viven en México.

LA FIADORA Y EL DEFENSOR

Por su parte, Sánchez Melgar tomó declaración a María Ester Martín Martín, la abogada que depositó la fianza de cinco millones de pesetas que los entonces magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audienia Nacional impusieron a Ruiz de Santamaría para salir en libertad provisional.

Según María Ester Martín, Carlos Ruiz de Santamaría le pidió que acompañara a una persona a depositar la fianza que le habián impuesto para salir de la cárcel de Valdemoro.

Sin embargo, cuando llegó al Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria esa persona, a quien no conocía y de quien no sabe ni el nombre, le dió el dinero en metálico y le pidió que depositara la fianza en el banco porque él no tenía documentación. Según const en la declaración prestada en el Tribunal Supremo, "dado lo avanzado de la hora y que posteriormente había que hacer una comparecencia en el juzgado identificándose como fiador, optó por depositar ella misma la fianza".

Asimismo, señaló que habló con Ruiz de Santamaría el 24 de diciembre para ir a la Audiencia Nacional el viernes y firmar. La consersación fue de una normalidad tal que "en ningún momento le vió intenciones de fugarse".

Por otra parte, el abogado defensor de Carlos Ruiz de Santarmría explicó que la última vez que habló con su cliente fue el 20 de diciembre. Entonces lo encontró "muy alterado" y que en otros encuentros le había manifestado que "estaba desesperado".

El magistrado Sánchez Melgar también tomó declaración a Antonio Ortiz Hernández, compañero laboral de Miguel Angel Cocero de Corbera. Este último denunció ante el Tribunal Supremo que, según un cliente suyo, Carlos "el Negro" pagó 30 millones de pesetas al psiquiatra de la cárcel de Valdemoro, Angel Hebrero.

Antnio Ortiz aseguró a Sánchez Melgar que nunca ha oido a su cliente decir nada parecido, lo que no significa que realmente se lo dijera a Cocero.

Todas estas personas declararon hoy como testigos ante Sánchez Melgar, quien investiga si Cezón, López Ortega y Ollero prevaricaron al dejar en libertad a Carlos "el Negro", uno de los 37 acusados que iba a ser juzgado por la "Operación Temple" y que actualmente se encuentra en oparadero desconocido.

La puesta en libertad de Ruiz de Santamaría, también coocido como Carlos "el Negro", se produjo en contra de la opinión de la Fiscalía Antidroga, quien había solicitado para el supuesto narcotraficante un total de 60 años de cárcel y 69.000 millones de pesetas de multa.