Hoy se expusieron las cuestiones previas, que se presentan antes de la celebración del juicio oral y hacen referencia a la posible vulneración de los derechos fundamentales de los procesados, así como a los aspectos técnicos irregulares que hubieran podido producirse durante la tramitación de la causa.

José María Stampa Braun solicitó la suspensión del juicio hasta conocerse qué decisión toma el Tribunal Supremo sobre la querella que la Fiscalía General del Estado presentó contra los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La propuesta de Stampa Braun fue apoyada por otros cinco abogados defensores más, mientras que seis decidieron acogerse a la decisión que adoptasen los tres magistrados, Carlos Ollero, Juan José López Ortega y Carlos Cezón.

Por u parte, la representante de la Fiscalía Antidroga y otros 15 letrados más se opusieron a la suspensión del juicio oral por considerar que los tres magistrados constituyen un tribunal con "ecuanimidad" y "profesionalidad" y que las garantías de un juicio justo "no están en entredicho".

Además, la Fiscalía Antidroga alegó que no existe causa formal de recusación ni de abstención contra los tres magistrados que constituyen la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al tiempo que firmó que una suspensión del juicio supondría una dilación indebida que no haría si no perjudicar el proceso.

Asimismo, manifestó que en este caso no se dan ninguna de las causas establecidas por el artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decretar la suspensión de un juicio oral.

Tras un receso de 20 minutos, Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero decidieron seguir adelante con el juicio, lo que ocurrirá mañana a las diez y media. Los tres magistrados argumentaron quesi alguno de los abogados dudaba de la imparcialidad del tribunal podía haber utilizado el arma de la recusación.

Así, mañana continuarán las sesiones del juicio por la Operación Temple, con la que se pretendió introducir en España 10 toneladas de cocaína en julio de 1999.