En declaraciones a Servimedia, Narbona se refirió a los múltiples casos de corrupción urbanística que se están destapando en la actualidad y subrayó que una de las fórmulas que ha diseñado el Gobierno para frenar esta tendencia es la creación de la Fiscalía especial para el Urbanismo y el Medio Ambiente.

Según explicó, desde su creación, el Ministerio de Medio Ambiente está remitiendo a dicha fiscalía las denuncias quellegan al departamento de ciudadanos que tienen la evidencia del incumplimiento de las normas tanto urbanísticas como ambientales, "que son normas cuyo cumplimiento corresponde exigir, sobre todo, desde las administraciones autonómicas", recordó.

Además de la Fiscalía, que calificó como una buena herramienta para garantizar los derechos de los ciudadanos en este campo, también recordó la modificación realizada en la legislación en materia de agua, de forma que hoy es obligatorio que haya un informe previo de las confederaciones hidrográficas antes de que haya una decisión del ayuntamiento o de la comunidad autónoma en materia de nuevos desarrollos urbanísticos.

"Eso ha llevado a las confederaciones en los últimos meses a hacer esos informes cada vez en un número más elevado, y muchos de ellos son informes negativos", aseveró.

Sin embargo, insistió en que la última palabra no la tiene el ministerio, "la tiene la comunidad autónoma de turno que puede decidir, a pesar del informe negativo, seguir adelante".

Por ello, recalcó que no se trata tanto de cambiar las competencias atribuidas en los estatutos de autonomía a cada una de las administraciones, "sino de exigir a las comunidades autónomas una respuesta sensata".

"¿Qué sentido tiene que si hay un informe negativo (del ministerio) en cuanto a la disponibilidad de recursos, la comunidad autónoma, en el uso legítimo de sus competencias, siga adelante?", se preguntó. "Los ciudadanos tienen que tener claro a quien tienen que exigir y qué en cada momento", concluyó.